El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), organización que representa a las más de 40.000 enfermeras andaluzas, ha registrado una queja ante el responsable de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán Ruiz, por la circular que ha emitido en plena crisis sanitaria en Andalucía por la pandemia de COVID-19, y en la que la institución considera que de una forma “errática y confusa” se establece una “ley del silencio” entre sus profesionales.

Por un lado, se cuestiona la responsabilidad de guardar secreto profesional sobre los datos de los pacientes, transmitiendo a la opinión pública en la situación actual de crisis, una idea equívoca de que nuestros profesionales pueden estar actuando contra dichos deberes, lo que consideramos una grave acusación. De otra parte, se refiere soterradamente a la obligación de no revelar información sobre la situación asistencial así como las necesidades de recursos materiales y humanos, lo que entendemos atenta frontalmente contra los derechos fundamentales de los trabajadores en unas circunstancias como las actuales, con un índice de un 23% de sanitarios contagiados y el continuo fallecimiento de profesionales – como el reciente del enfermero de Jaén, Pedro Carrillo –.

En su escrito, la organización colegial andaluza aclara al gerente que su controvertida circular se ampara en una orden del Ministerio de Sanidad (Orden SND/234/2020, de 15 de marzo) por la que las comunidades autónomas están obligadas a remitir a dicho ministerio la información relativa a la información epidemiológica, capacidad asistencial y necesidades de recursos materiales y humanos para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones en la gestión de la crisis sanitaria, una normativa que “nada tiene que ver con las denuncias que el personal sanitario pueda hacer respecto a la falta de medios para ejercer de manera adecuada y con la debida protección su profesión”, tal y como se recoge en la queja.

En este sentido, el escrito elevado al gerente del SAS continúa incidiendo en que “en tales casos no hay datos personales afectados, ni deber de confidencialidad, sino más bien todo lo contrario, al poderse haber incumplido la normativa sobre prevención de riesgos laborales”. Así, el Consejo Andaluz explica a Miguel Ángel Guzmán que “este derecho o facultad de denunciar la situación es personal y no puede ser limitado en forma alguna por esa Gerencia o por la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, con fundamento en una Orden Ministerial, que nada dice al respecto sobre dichos pronunciamientos y/o reivindicaciones profesionales sobre vulneración de dicha legislación”.

Igualmente, en lo que se refiere al deber legal y deontológico que todo profesional tiene de mantener el secreto sobre los datos de salud de los pacientes, el CAE señala que no hace falta recordar mediante circular que estos hechos puedan dar lugar a infracciones disciplinarias y/o penales, haciendo de esta manera trascender ante los medios de comunicación que se han hecho eco de esta circular y la opinión pública una idea oscura de que nuestros profesionales puedan estar infringiendo dichos deberes, dirigiéndose además de forma generalizada a todos ellos, lo que resulta inasumible para este Consejo, cuando además son precisamente estos profesionales quienes están arriesgando sus propias vidas y las de sus familiares y pacientes en esta crisis, precisamente por la carencia de medios.

Delito contra la seguridad en el trabajo

Por todo ello, en el escrito de queja se recuerda al gerente del SAS que el Consejo Andaluz de Enfermería interpuso unánimemente, el pasado 31 de marzo, una denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la delegada del Gobierno en Andalucía y las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía, entre las que se encuentra el propio Miguel Ángel Guzmán, precisamente por considerar que han cometido y están cometiendo un delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales de los profesionales sanitarios andaluces                          – tipificado en el Código Penal –, debido a la falta de material de seguridad, de personal, y a la descoordinación entre las administraciones públicas en la gestión de los servicios sanitarios, que se traduce en un 23% de sanitarios contagiados, cobrándose incluso el fallecimiento de algunos de ellos.

Finalmente y ante la “desproporcionada” medida adoptada en su circular del 1 de abril, el CAE solicita al director gerente del SAS “una inmediata rectificación y/o aclaración de la misma, en el sentido de respetar expresamente los derechos de sus trabajadores”. En caso de no producirse la rectificación solicitada, este Consejo Andaluz se plantea la posibilidad de ampliar su denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por este hecho, así como efectuar queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz.