- Somnolencia, pérdida de la consciencia, inhibición de la voluntad y de la capacidad de defensa o reacción, mareos, afectaciones cardiovasculares e, incluso, pérdida de la memoria son algunos de los síntomas que pueden ocasionar los pinchazos de sumisión química que se están denunciando por todo el país.
- Las enfermeras advierten hasta de posibles reacciones alérgicas a estas sustancias, que podrían derivar incluso en un shock anafiláctico o que, sus efectos, combinados con medicamentos regulados para una persona en tratamiento, potencien síntomas perjudiciales para el organismo.
- Desde las administraciones se debe trabajar con absoluta premura en parar esta problemática y, además, llevar a cabo protocolos para ayudar a las víctimas y condenar a los atacantes. En un país civilizado y plural como es España no podemos tolerar estos comportamientos”, afirma Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.
El ocio nocturno alcanza sus picos de actividad en el verano, especialmente en agosto. Cientos y hasta miles de personas abarrotan discotecas, festivales y demás locales. Desde hace unos días han saltado las alarmas y en España son ya más de 50 las denuncias de mujeres que afirman haber recibido pinchazos. Los efectos que las drogas ilegales inoculadas suponen graves riesgos para la salud de la víctima: inhibición de la voluntad, incapacidad para defenderse o tomar decisiones, caída de la presión arterial, pérdida de la consciencia son algunos de los síntomas.
El Consejo General de Enfermería ha puesto en alerta a los Consejos Autonómicos de Enfermería y a los colegios provinciales que hay en España por los problemas que pueden acarrear estos pinchazos. Además, insta al Gobierno a endurecer las penas para los agresores por Real Decreto y a crear acciones de vigilancia y prevención específicas contra estos delitos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, afirma que “estas prácticas atentan contra los derechos de la mujer, son ilícitas y, ante el auge e incremento que se está denunciando, deberían ser tipificadas específicamente por la ley”. “Hemos dado la voz de alarma a toda la Organización Colegial para denunciar todos y cada uno de los casos que sean atendidos en hospitales y centros de salud y atención primaria”, señala Pérez Raya. “Las enfermeras pondrán su granito de arena en la lucha contra esta actividad ilegal tan perjudicial para la salud y que está causando una gran alarma social estos días”, añade.
Las primeras investigaciones han detectado que estos pinchazos podrían inyectar sustancias ilegales y, por tanto, que carecen de control sanitario alguno, como el éxtasis líquido, la ketamina o benzodiacepinas, que producen una reacción inmediata en la víctima de pérdida de control y, por tanto, facilidad para el abuso por parte del agresor. Los efectos son intensos pero estas drogas permanecen poco tiempo en el organismo, por lo que detectarlo es complicado si no se actúa con rapidez.
“Los efectos son bastantes inmediatos y si se tiene sensación de pinchazo, hay que advertirlo rápidamente a gente de confianza para que puedan vigilar si se produce una situación de sedación o pérdida de control. Además, antes de que actúe la sustancia, es importante contar si se ha visto a alguien que pudiera ser sospechoso de haber realizado la intromisión a la intimidad de la mujer”, profundiza Diego Ayuso, secretario general del CGE. “Muchas veces, cuando la víctima llega a los servicios hospitalarios, la sustancia ya no se detecta en los análisis, así que es muy importante estar atentos a cualquier sensación extraña”, apunta Ayuso.
Aquellos pacientes con algunas patologías asociadas a tratamientos farmacológicos pueden tener reacciones adversas frente a estas sustancias, inyectadas sin consentimiento y sin ningún control. También habría que tener en cuenta otras posibles sustancias que hayan consumido voluntariamente, que, al mezclarse con una nueva dosis de otra droga, la persona podría llegar a sufrir una intoxicación mayor.
Además, el CGE también subraya que se están utilizando agujas fuera del entorno sanitario, por lo que es posible que no estén desinfectadas o se hayan podido usar con otras personas. Así, dependiendo del estado del material que se está utilizando, la víctima podría llegar a estar expuesta a enfermedades de transmisión sanguínea como el VIH o la hepatitis.
“Nos encontramos ante una situación que como profesionales de la salud nos produce absoluto terror. Es inconcebible que se estén produciendo este tipo de prácticas, ya sea para llevar a cabo un abuso posterior o simplemente para asustar a las mujeres. Desde las administraciones públicas se debe trabajar con absoluta premura en parar esta problemática, implantar protocolos para ayudar a las víctimas y condenar a los atacantes. En un país civilizado y plural como es España no podemos tolerar estos comportamientos”, afirma Pérez Raya.
Ante esta situación, desde el CGE se considera imprescindible que si se siente uno de estos pinchazos (es como un pellizco y suele quedarse un punto rojo en la zona), se pida ayuda rápidamente comunicándolo a amigos/as o al personal de la sala, discoteca o festival en el que se encuentre la persona.
Servicios de emergencias
Además, se debe llamar cuanto antes a los servicios de emergencias y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que acudan lo más rápido posible, así como no dejar sola bajo ningún concepto a la víctima. “Los amigos y amigas de la persona que ha sufrido el pinchazo tienen un papel fundamental en este momento porque deben acompañarla durante todo momento y vigilar los posibles síntomas que se deriven de esta situación”, explica Diego Ayuso.
Para la institución enfermera, más allá de proteger a la víctima y de crear protocolos específicos para actuar con inmediatez, hay que endurecer los castigos y poner el foco en los atacantes antes de que sea demasiado tarde. El órgano que aglutina a las más de 330.000 enfermeras y enfermeros de España recuerda que no son las mujeres las que deberían aprender a protegerse, sino los agresores los que tienen que saber que estas prácticas constituyen un delito.
En este sentido, el CGE insta al Gobierno central, Gobiernos autonómicos, Ministerio de Sanidad y Ministerio de Igualdad a trabajar en común para tomar las medidas necesarias y acabar con una situación que pone en riesgo la libertad de las mujeres.
