El conjunto de la profesión enfermera ha manifestado su rotundo rechazo a que pruebas diagnósticas de COVID-19 y administración de vacunas, como la de la gripe, se lleven a cabo en las oficinas de farmacia, como vienen proponiendo los farmacéuticos de forma cada vez más insistente.
Fruto de esta oposición, cuyo argumento principal es velar por la seguridad de los pacientes, distintas instituciones y sociedades científicas enfermeras han difundido un manifiesto en el que explican cómo “pese a las continuas negativas de la Administración y la frontal oposición de las Organizaciones Enfermeras, desde las farmacias se insiste en cambiar las regulaciones que actualmente impiden vacunar en las farmacias”.
Un negocio
Tras esta insistencia, explican, se encuentran “intereses económicos y esperados beneficios para las farmacias privadas” y, en ningún caso, “el bien común o la salud pública”. No hay que olvidar, insisten, en que tras los “bondadosos argumentos” que esgrimen las farmacias para poder vacunar, lo que se encuentra realmente es “un negocio privado que ya cobra su porcentaje en la venta de una vacuna” cuya propuesta ahora es “administrarla y, claro está, cobrar por ello”.
Recuerdan también cómo “desde la Sanidad Pública, a través de las enfermeras y enfermeros, se ha cumplido durante décadas con esta competencia, alcanzando con éxito todos los objetivos de higiene, seguridad, calidad y de forma totalmente gratuita, siendo nuestro país uno de los que mayor porcentaje de vacunación alcanza entre los países de nuestro entorno”.
Defienden así que la vacunación y la realización de pruebas diagnósticas se realice por profesionales adecuadamente formados para ello, como son las enfermeras, y en los centros sanitarios oportunos que, en ningún caso, son las farmacias: “La necesaria autorización de una instalación sanitaria y la compleja formación para la administración de cualquier medicamento incluidas las vacunas, hacen inviables a las farmacias para este cometido. La falta de garantías de asepsia de las farmacias para este fin, hacen impracticable cualquier planteamiento asistencial en su interior. Pero sin duda, lo que resultaría injustificable, sería que el personal de la farmacia procediera a administrar las vacunas de forma autónoma o por función delegada, ya que en ningún caso administrar vacunas es una competencia farmacéutica y sí enfermera, que también tiene la competencia de su indicación y la capacidad de realizar una observación posterior asociada de los posibles efectos secundarios (incluso de extrema gravedad requiriendo reanimación inmediata)”.
Tras este manifiesto se encuentran el Consejo General de Enfermería, la Conferencia Estatal de Decanos de Enfermería, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, la Asociación Española de Estudiantes de Enfermería, distintas sociedades científicas de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE. Todas ellas apuntan también que esta “no es una polémica nueva, ni aislada, ni exclusiva de las vacunas. Ya lo intentaron potenciando la atención en los domicilios de los pacientes y cuidadores, colisionando totalmente con la normativa vigente. Ahora, además de la vacunación de la gripe pretenden realizar pruebas diagnósticas para detectar el COVID-19 en las farmacias. Un paso más para una privatización encubierta de la sanidad pública, con profesionales no cualificados para estas funciones”.
La salud de la población en riesgo
“Consideramos -continúa el manifiesto- que la vacunación en las oficinas privadas de farmacia pondría en riesgo la salud de la población y la seguridad de los pacientes debido a la falta de competencias profesionales que tienen los farmacéuticos para la vacunación en todos sus aspectos y la preocupante apertura de una nueva línea de negocio privado relacionado con la asistencia sanitaria basada claramente en intereses económicos”.
“La realización de pruebas para diagnósticas para COVID en las farmacias -aseguran- representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos. La recogida de estas muestras requiere de una cualificación elevada, en caso contrario podrían registrarse falsos positivos por una mala técnica. Otros aspectos como la confluencia de pacientes por distintos motivos en la farmacia, en espacios reducidos y sin circuito seguro de tránsito de personas, eliminación de residuos biológicos contaminados, etc., podrían ser un foco de contagio a la población. En su conjunto, no disponer de personal cualificado para la realización, interpretación, registro, comunicación y traslados de estas pruebas y sus resultados, hacen inviable la utilización de las farmacias para estas pruebas”.
Desmontando argumentos
En cuanto a los argumentos que esgrimen los representantes de los farmacéuticos y que apelan a otros modelos que pueden encontrarse en países de nuestro entorno, el manifiesto es rotundo: “En el modelo sanitario público actual, no existe ninguna necesidad de vacunar o realizar Pruebas Diagnósticas para COVID en una farmacia. Los argumentos esgrimidos sobre la asistencia en farmacias en algún país de nuestro entorno (como Francia o Italia) encuentra una respuesta sólida. Se trata de países donde las farmacias están en régimen de libre competencia, pueden ser gestionadas por otros profesionales sanitarios y pueden instalarse en centros o instalaciones sanitarias. Además, estos países, no cuentan con una red de centros de Salud tan accesible y solvente como la que existe en nuestro Sistema Nacional de Salud”.
Para lo firmantes del manifiesto, la clave para salir de esta crisis reside en “reforzar la asistencia en Atención Primaria” y no establecer lo que denominan como “nuevas vías de lucro relacionadas con la Salud Pública”.
Conclusiones
Y para que quede claro su posicionamiento concluyen que:
“Las enfermeras y enfermeros no queremos entrar en conflicto con los farmacéuticos por cuestiones que ya nos reconocen las competencias legalmente establecidas para nuestra profesión, pero nos vemos obligados a manifestar nuestra posición al respecto”.
“Entendemos que pretender usar las farmacias como una extensión asistencial del sistema sanitario se trataría de una privatización encubierta de la sanidad pública, con profesionales no cualificados para estas funciones, que oculta intereses en términos de beneficio económico para los empresarios farmacéuticos y no un beneficio ni mejora para los ciudadanos. Lo que representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos”.
“La Salud Pública debe reforzarse apoyando los servicios públicos y apoyando las competencias de las enfermeras y enfermeros que llevan años demostrando la calidad y eficacia de sus actuaciones profesionales”.