El rechazo de la Proposición No de Ley para instar al Gobierno a eximir del IVA a todas mascarillas -incluidas las FFP2 y las FFP3- resulta incomprensible a ojos de la Organización Enfermera.
Al tratarse de un producto obligatorio y necesario para frenar los contagios y la expansión del COVID-19, el máximo órgano de representación de las enfermeras españolas no comparte el voto negativo de los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, pues supone anteponer las medidas recaudatorias a la salud de la población. Estos partidos, según han expresado, abogan principalmente por establecer una limitación del precio de venta al público de este tipo de dispositivos sanitarios. Lejos de luchas partidistas y desde la independencia de ser un organismo que vela por la salud de las personas, creemos que ambas medidas no son incompatibles, sino complementarias y desde hace tiempo se reclama la gratuidad o financiación por parte del Sistema Nacional de Salud.
La evidencia científica actual aconseja que, para abordar la situación epidemiológica en la que nos hallamos, es recomendable el uso de mascarillas autofiltrantes FFP2 en espacios cerrados poco ventilados y donde se produzca una acumulación importante de personas, pues son lugares donde la transmisión del SARS-CoV-2 en forma de aerosol es más elevada.
Debería apostarse por un régimen impositivo que tenga en cuenta la renta y condiciones socioeconómicas de cada individuo como, por ejemplo, no tener trabajo. Es decir, seguir la línea de los medicamentos y productos sanitarios reembolsables. Pero incluso es posible ir más allá y que las mascarillas -de todo tipo- sean gratuitas para las personas más vulnerables y aquellas sin ingresos económicos
“Estas mascarillas son una medida de protección esencial frente al coronavirus, no son un artículo de lujo y desde que se hizo imprescindible su uso hemos abogado por su gratuidad”, asegura el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén (ICOEJ), José Francisco Lendínez Cobo.
La falta de acceso a mascarillas de alta protección por motivos meramente económicos es un problema de salud pública que se traduce en que los usuarios prolongan su vida útil mucho más allá de lo aconsejable, o su reutilización excesiva, favoreciendo así el contagio. Por ello, es primordial crear mecanismos que garanticen el acceso a estos productos en función a las necesidades de protección y circunstancias socioeconómicas particulares que pueda tener cada individuo. Según algunas estimaciones, una familia de cuatro miembros puede gastar al año -en estimaciones conservadoras- unos 1.500 euros en mascarillas.