El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) denuncia que la Consejería de Salud y Familias ha vuelto a ningunear a las enfermeras en la comisión que evaluará las peticiones de eutanasia en Andalucía, en cuya composición la Enfermería no cuenta con el mismo nivel de presencia que otras categorías profesionales.
Así lo establece el Decreto 236/2021, de 19 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a la prestación de ayuda para morir en Andalucía y la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado la pasada semana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y en vigor desde el jueves 21 de octubre, tras su publicación en el BOJA el día anterior.
En concreto, este decreto –que desarrolla a nivel regional los aspectos que Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, confiere a las Comunidades Autónomas- establece que la citada comisión estará compuesta por trece miembros: Presidencia, Vicepresidencia y once vocalías; 4 de ellas ocupadas por personas tituladas en Medicina, 4 por titulados en Derecho y 3 personas tituladas en Enfermería. Una composición que demuestra que una vez más “las legítimas demandas de nuestro colectivo son desoídas en los trámites de audiencia de los proyectos normativos”, como le ha señalado al propio consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, el presidente del CAE, José Miguel Carrasco, en un carta remitida en la jornada de ayer.
No en vano, esta disparidad en la representación ya se advirtió en el informe preceptivo solicitado en su día por la Consejería al CAE, donde la Organización Colegial alegó su disconformidad “con la evidente falta de paridad –indica la citada carta-, máxime teniendo en cuenta que la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia establece un número mínimo (7), pero no un máximo, de personas integrantes, no existiendo razón legal suficiente que justificara la reducción de la presencia enfermera en la composición de las vocalías” de esta Comisión, por lo que se solicitó que en el texto del decreto definitivo se incrementase a cuatro el número de vocalías ocupadas por profesionales de la Enfermería.
Asimismo, el presidente del CAE afirma en la carta que “nos causa estupor” el contenido de la propia información pública facilitada por la Junta en su web oficial tras el Consejo de Gobierno de la semana pasada, en la que se indica que esta comisión compuesta por 13 miembros (Presidencia, Vicepresidencia y once vocalías) estará formada por “5 titulados en Medicina, cinco titulados en Derecho y 3 titulados en Enfermería”.
El CAE entiende que esta afirmación pueda deberse a una licencia o error de redacción, ya que el propio decreto aprobado no detalla, como sí lo hacen otros decretos autonómicos ya aprobados, el perfil profesional del Presidente y Vicepresidente, indicando tan solo que tendrán “formación y experiencia específica en bioética”; por lo que el CAE solicita de nuevo al Consejero que opte “por no incrementar la diferencia y desigualdad entre las categorías profesionales” ante la inminente constitución de la Comisión de Garantía y Evaluación con el nombramiento de sus integrantes, y que para la designación de la Presidencia o Vicepresidencia cuente con un profesional de la Enfermería con el perfil requerido, subsanándose así, en parte, el desequilibrio respecto a otras categorías profesionales.
Funciones desdibujadas y retraso en la formación
Aparte del contenido de la carta remitida ayer a Jesús Aguirre, el presidente del CAE recuerda que fue la propia Organización Colegial de Enfermería a nivel nacional la que logró que las enfermeras fueran incluidas en esta Comisión de Garantías en la propia Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Además, entre las funciones de esta nueva comisión, el decreto andaluz sigue sin mencionar ni precisar el papel de las enfermeras en este ámbito, al igual que las propias funciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2021. “Una Ley en el que el importante papel de las enfermeras queda desdibujado y diluido, en la medida en que la norma define la figura del médico responsable y del médico consultor, pero sin otra mayor precisión que la de equipo asistencial o profesionales sanitarios”.
Asimismo, el CAE critica el retraso con el que la Junta ha aprobado este decreto, casi cuatro meses después del plazo que marca la citada Ley Orgánica para la creación y constitución de esta Comisión de Garantía y Evaluación; y convirtiendo a Andalucía en una de las últimas Comunidades Autónomas de España en regular este tema.
Un retraso incomprensible, máxime si se tiene en cuenta que la prestación de ayuda para morir es un derecho plenamente vigente desde finales del pasado mes de junio, cuando entró en vigor la ley de la eutanasia. Una ley respecto a la cual el CAE también recuerda lo ilógico e irresponsable que supone que se establezca el plazo de un año –hasta junio de 2022- para que la Autoridad sanitaria aborde la coordinación de la oferta de formación continuada para los profesionales sanitarios sobre la ayuda para morir. “Una formación continua en la tampoco se está contando con la participación de la Organización Colegial de Enfermería”, indica José Miguel Carrasco.
“La formación continuada es una de las principales funciones y razón de ser de los Colegios Profesionales, y en torno a la eutanasia esta formación debe considerar tanto los aspectos técnicos como los legales, así como formación sobre comunicación difícil y apoyo emocional, entre otros aspectos, algo sobre lo que los Colegios de Enfermería tienen un amplio conocimiento que debe ser aprovechado en beneficio último de toda la sociedad”, señala el presidente del CAE.