Como paso previo a la Asamblea General de próximo viernes, el Pleno del Consejo General de Enfermería (CGE), en su reunión de hoy, ha abordado temas clave para la profesión enfermera como es la lucha decidida por acabar con una discriminación histórica: el nivel A1 que se niega a las enfermeras y enfermeros, pese a ser una titulación de Grado como otras disciplinas con los mismos años de formación y que sí son A1 para la Administración Pública.
Asimismo, se ha planteado la necesidad de reclamar la jubilación anticipada de las enfermeras a los 60 años como consecuencia del trabajo contra el COVID-19, que se defenderá desde una posición propia y no como una reivindicación general.
En otro orden de cosas, la reunión ha servido para aprobar distintas resoluciones que contribuirán al desarrollo y ordenación profesional de las enfermeras en distintos ámbitos sanitarios, así como una modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y de la Ley del Medicamento, ya que contemplan circunstancias y nomenclaturas no ajustadas a la realidad actual. Por ejemplo, se solicita acabar con la clasificación de las profesiones sanitarias entre licenciados y diplomados, pues esas distinciones académicas ya han desaparecido. La propuesta de modificación se va a enviar próximamente a los colegios provinciales para que puedan hacer sus aportaciones.
Por otra parte, dadas las iniciativas que prepara el Gobierno para luchar contra el tabaquismo, el Pleno del CGE ha refrendado esas propuestas, especialmente en lo relativo a la prohibición de fumar también en el vehículo particular, ya que recoge una reivindicación de la Organización Colegial de hace cuatro años expresada en la popular campaña de salud pública “Coche sin humo”.
Prueba de Familiar y Comunitaria
En el Pleno, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha abordado la polémica en torno a la prueba excepcional para el acceso a la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria con filtración de preguntas, exámenes similares y problemas informáticos, algo inaudito tras quince años de espera por parte de decenas de miles de profesionales. Pérez Raya ha explicado al Pleno que “aunque no tenemos todavía toda la información necesaria para poder posicionarnos de una forma clara y contundente, en primer lugar pediremos explicaciones al Ministerio y estamos en contacto con los afectados y trabajando con nuestra asesoría jurídica para estudiar si es necesario emprender alguna acción desde el punto de vista legal. Si fuera preciso actuaremos con toda la contundencia necesaria. No obstante, vamos a exigir explicaciones inmediatas a los ministerios implicados y a poner a disposición de los colegiados nuestra asesoría jurídica y la de toda la Organización Colegial”.
“En cualquier caso, es lamentable que, tras quince años esperando la prueba que consolide la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, esta haya estado sumida en la polémica. Es una vergüenza y estamos muy disgustados con lo sucedido este fin de semana, porque es algo que no merecen los más de 30.000 profesionales que se presentaban al examen”, añade el presidente de las enfermeras españolas.